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Por Emilio Godoy/
México, 4 ago 2017 (IPS).- Javier Méndez decidió en 2014 vivir en su apartamento en una transitada avenida de un barrio del sur de Ciudad de México por el panorama que desde el octavo piso le brindaban los ventanales a los volcanes que custodian la capital.
Pero la construcción de una torre residencial de 22 pisos, a un costado de su edificio, le desgaja los deseos de permanecer en esa vivienda, en la delegación (municipio) de Benito Juárez, una de las 16 que componen la capital mexicana.
“Ocasionará más tráfico, más consumo de agua y de electricidad, más generación de basura. No deberían permitir ese tipo de construcciones. Además, es ilegal”, lamentó a IPS este maestro jubilado de 73 años.
La torre residencial trepará 22 pisos y hospedará 752 viviendas en un área de unos 12.000 metros cuadrados, mediante una inversión de unos 75 millones de dólares, según los permisos de construcción consultados por IPS.
Para Méndez, las autoridades urbanas no debieron conceder la autorización porque la constructora reporta una dirección única, cuando aglutinó varios predios para contar con la superficie requerida para erigir el edificio. Además, colinda con una gasolinera, con los consecuentes riesgos ambientales, sanitarios e inmobiliarios.
“El terreno neto no da para construir una torre de ese tipo. Los planes urbanos no se respetan. Me tocó ver el boom inmobiliario, parte irregular”, señaló Méndez, fundador del no gubernamental Movimiento en Tierra Firme-Promoción y Protección Ciudadana.
Un grupo de vecinos se movilizó estérilmente para rechazar la edificación de grandes torres en la zona. En los alrededores ya construyeron cuatro y otros seis están en obra.
El fenómeno ejemplifica la voracidad constructora y la especulación que se ha adueñado de este país latinoamericano de 129 millones de habitantes, y especialmente de Ciudad de México. Asimismo, exhibe la falta de aplicación de los planes de ordenamiento territorial, básicos para definir áreas urbanizables, no urbanizables, espacios públicos y la protección ambiental.
Prácticamente todos los países latinoamericanos cuentan con planes de ordenamiento territorial, pero enfrentan el desafío de su aplicación a nivel nacional, regional y municipal.
Con 641 millones de personas en la actualidad, la región será en 2050 la segunda más urbanizada del mundo, detrás de la que aglutina a todo el continente americano, con 86 por ciento de su población viviendo en ciudades y 100 millones en asentamientos irregulares, según un estudio de 2016 sobre los desafíos que ello supone, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Ese organismo de las Naciones Unidas proyecta que las megaciudades (más de 10 millones de habitantes) y las grandes urbes (entre uno y cinco millones) adquirirán más importancia, mientras que las urbes intermedias (de 300.000 a 500.000) experimentarán un fuerte crecimiento.
En la región, suman reportes de la Cepal y el Banco Interamericano de Desarrollo, sus metrópolis se enfrentan a la contaminación, la exposición al cambio climático, el crecimiento caótico, el congestionamiento vehicular, la proliferación de la economía informal y la desigualdad. Hasta ahora, las urbes medianas siguen la ruta de las megalópolis, en la reproducción de un esquema insostenible.
Aunado a ello, la generación y calidad de la información territorial es limitada y el involucramiento de la sociedad civil resulta escaso en el diseño y revisión de los planes, lo cual contribuye a su debilidad.
San José, ejemplo de ciudad difusa
La capital costarricense, San José, es un ejemplo de un concepto de ciudad difuso: la capital tiene 42 kilómetros cuadrados, pero la ciudad se desborda más allá de sus límites.
La Gran Área Metropolitana (GAM), englobada en el Valle Central del país, suma casi 2.000 kilómetros cuadrados. Aunque representa menos de cuatro por ciento del territorio costarricense, concentra 60 por ciento de la población, pero carece de una autoridad metropolitana unificada, al contrario de lo que sucede en otras capitales de la región.
Junto a San José, otros 30 municipios componen la GAM, cada uno con su alcalde y normativa.
“Hay una gran fragmentación político-administrativa en la GAM y un problema que es metropolitano”, dijo Tomás Martínez, de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del estatal Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Martínez coordinó el Plan de Desarrollo Urbano de la GAM, el último esfuerzo para modernizar el ordenamiento territorial metropolitano, aprobado en abril de 2014 pero varado por un proceso judicial. Por ello, el plan vigente desactualizado data de 1982.
“Hay tres rutas diferentes: los municipios van por un lado, el gobierno nacional va por otro y el sector privado por otro”, explicó a IPS.
A nivel municipal, la situación no mejora. El independiente informe Estado de la Nación 2015 determinó que solo 20 de las 36 municipalidades del Valle Central, 30 parte de la GAM, tenían planes de ordenamiento territorial y solo ocho de estos contaban con los reglamentos requeridos y el estudio de viabilidad ambiental aprobado.
Uno de estos con los planes al día es San José, pero el municipio capitalino no tiene control sobre cómo o dónde se crean las redes eléctricas, de aguas o de transporte público.
Olvido a propósito
Para Alfonso Iracheta, académico del estatal El Colegio Mexiquense, el ordenamiento urbano es “estratégico” y “prioritario”.
“Pero no interesa hacer planes y cuando se tienen que hacer por ley, no interesa que la gente los conozca, y luego tratan de no cumplirlos. Detrás de este proceso están los intereses inmobiliarios”, acusó.
Ciudad de México, con casi nueve millones de habitantes y que con su zona metropolitana rebasa los 20 millones, intenta emprender una vía más organizada y sostenible, en medio de críticas por la forma de abordar los problemas.
Su Constitución, aprobada en febrero y que entrará en vigor en septiembre de 2018, prioriza la planeación y el ordenamiento territorial y estipula la creación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.
El texto establece que la planeación tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía, las actuales delegaciones.
El gobierno de la capital, con rango de estado en un país federal, ya envió a su Asamblea Legislativa la propuesta de Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), que se debe aprobar antes de noviembre y que regirá hasta 2030.
Tal plan, con 17 estrategias y 63 acciones, identifica las áreas urbanas con potencial de desarrollo, de mejoramiento, de reciclamiento, de conservación patrimonial y de integración metropolitana.
Pero la propuesta generó inconformidad, pues 24 organizaciones vecinales interpusieron el 20 de julio un amparo bajo el argumento de la ausencia de una consulta real.
Un análisis de ese colectivo señala que el PGDU se orienta a la comercialización del suelo urbano, al modificar los criterios de uso y densidad habitacional, Además, critican, impulsa nuevos mecanismos para regular los mercados de suelo, en un intento por resolver divergencias entre vecinos y constructoras.
Se permite “construir con permisos discrecionales, concesionar espacio público, áreas verdes”, arguye el estudio.
Por ejemplo, en Benito Juárez las organizaciones vecinales han identificado 350 construcciones irregulares que rebasan la altura permitida.
En México no hay un dato preciso de cuántos de los 2.454 municipios cuentan con plan de ordenamiento territorial actualizado, pero el hecho de que unos 400 no posean ni catastro refleja la situación, según datos de la Secretaría (ministerio) de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial.
Contradicciones
De los 4,7 millones de habitantes de Costa Rica, se estima que poco menos de la mitad vive en la GAM. En la municipalidad capitalina viven solo 340.000 personas.
“La herramienta más importante para planificar está completamente en manos del gobierno nacional”, señaló a IPS el director de Planificación Urbana de San José, Vladimir Klotchkov.
De origen ruso, Klotchkov diseñó el primer Plan Director Urbano de San José entre 1992 y 1994 y luego se quedó para coordinar la planificación urbana de la ciudad, pero su autoridad termina en los 42 kilómetros cuadrados capitalinos.
Las alcaldías costarricenses no tienen injerencia sobre el transporte que circula por sus cantones (municipios), pues esta competencia recae en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
“Todavía no hemos logrado articular la propuesta de transporte público con la de planificación urbana, que es lo más básico y elemental del mundo”, afirmó Martínez.
Méndez, en Ciudad de México, planteó que “tenemos que defender el espacio público, detener la gentrificación y acabar con la corrupción inmobiliaria”.
Para Iracheta, la movilización antinmobiliaria representa un caldo de cultivo para cambios positivos. “No podemos seguir jugando a que hacemos planes y tenemos leyes, y ver cómo la ciudad destruye los entornos naturales”, sentenció.
Con aportes de Diego Arguedas Ortiz desde San José de Costa Rica
Editado por Estrella Gutiérrez
Este artículo forma parte de una serie especial sobre las ciudades de América Latina, realizada por IPS con el respaldo de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).
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