[:es]Madrid, 24 de abril de 2018 (ANCI).- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó la semana pasada el “Segundo informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe” y según el documento la región avanza positivamente, aunque entre los retos para el cumplimiento de la agenda “destaca el de disponer de información para la producción de los indicadores mundiales” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “En América Latina y el Caribe la disponibilidad de indicadores sigue siendo muy heterogénea entre los países y entre subregiones. La producción se mantiene, en promedio, en alrededor del 45 %, considerando aquellos indicadores que ya se producen a escala nacional o pueden producirse con la información disponible. Todavía existe un rezago importante en los países del Caribe con respecto a los del resto de la región”, agrega el texto.
Veinte de los 33 países de la región cuentan con instituciones intersectoriales de alto nivel para coordinar la implementación de la Agenda 2030, mientras que otros países crearán mecanismos en el primer semestre de 2018 que estarán en funcionamiento en los meses siguientes. Asimismo, los países han reconocido la necesidad de que todos los sectores de la sociedad participen en la consecución de los ODS para lograr una mayor apropiación de la Agenda 2030 y han trabajado en ese sentido. Catorce países han presentado al Foro Político de Alto Nivel en Nueva York sus informes nacionales voluntarios entre 2016 y 2017, mientras que otros ocho tienen previsto hacerlo en 2018.
Dos años y medio después de la aprobación de los ODS, la arquitectura institucional emergente para los mismos en América Latina y el Caribe muestra algunos énfasis importantes: un desplazamiento del abordaje de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible hacia las instituciones, las políticas y los actores nacionales y locales, con un impacto relevante en los planes nacionales de desarrollo y los sistemas de planificación y presupuestación; una expansión de los actores del sector privado y de la sociedad civil; un énfasis importante en la identificación de grupos de la población que son objeto de exclusiones, con miras al cumplimiento del compromiso de “no dejar a nadie atrás”, con un foco en las brechas territoriales, rurales y urbanas.
“Los mecanismos de coordinación institucional adoptados alertan sobre un aspecto que ya estaba latente en la implementación de la política pública en la década de 2000: ante los retos ambientales, sociales y económicos de la región se requieren intervenciones integrales, intersectoriales, interterritoriales y a lo largo del ciclo de vida. Estas intervenciones se encuentran en pleno proceso de construcción en los países de la región. Uno de los déficits mayores en la actual coyuntura es la articulación de la dimensión ambiental con la económica y la social. La transición hacia patrones de consumo y producción sostenibles plantea uno de los retos institucionales más significativos a futuro”, destaca en la parte de conclusiones el informe. ANCI
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