[:es]Megaciudades centrífugas e injustas en América Latina[:]

[:es]
Por Mario Osava/
São  Paulo, 12 sep 2017 (IPS).- “He visto el fenómeno en Río de Janeiro, gente durmiendo en la playa. ¿Un problema de vivienda? No, es de transporte”, apuntó Cecilia Martinez, urbanista y exdirectora de la Oficina Regional de ONU Hábitat para América Latina y el Caribe.
Como en otras megaciudades latinoamericanas, muchas personas trabajan en el centro y viven en una periferia tan lejana que prefieren dormir en las calles inseguras para no soportar dos o tres horas de viaje hasta su casa, explicó.

“Son millones de una población flotante que vive en las afueras y pasa sus días en lugares centrales de la capital”, acotó la especialista mexicana a IPS.
El drama no tiene fin, ahora “crecen más las ciudades medias que rodean las megaciudades”, expandiendo aún más las áreas metropolitanas. Es el caso de Toluca, a 64 kilómetros de Ciudad de México por buena carretera, fuera de la Zona Metropolitana del Valle de México que tenía 20,1 millones de habitantes en 2010.
Así se compone una macrometrópoli, integrada por flujos intensos y variados, como el que permite el tren bala, más allá de la conurbación, según Marcos Campagnone, secretario adjunto de Urbanismo de la Prefectura (alcaldía) de São Paulo, “polo articulador” de un complejo urbano en un radio de hasta 200 kilómetros.
Eso amplía los desafíos que ya enfrentan las megaciudades, entendidas como áreas metropolitanas con más de 10 millones de habitantes. En América Latina son actualmente cuatro, teniendo como centros Ciudad de México, São Paulo, Río de Janeiro y Buenos Aires, a los que se sumarán en corto plazo Bogotá y Lima, según proyecciones de ONU Hábitat y otros organismos regionales.
La Región Metropolitana de São Paulo, con 39 municipios, tiene 21,4 millones de habitantes estimados este año por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.
“Sus problemas son de tal amplitud y complejidad que no se puede solucionar con el actual modo de gobernar”, sentenció Jorge Abrahão, coordinador general del Instituto São Paulo Sustentable (ISPS), órgano ejecutivo de la Red Nuestra São Paulo, con más de 700 organizaciones sociales que promueven una gestión urbana participativa.
El gobierno es decisivo por su capacidad de convocatoria, pero solo no solucionará los “retos difusos”, tampoco el sector privado o la sociedad civil, como actores aislados. Se necesita mucho diálogo, “una mirada más inclusiva y la participación de todos”, sostuvo.
Nuestra São Paulo nació en 2007 con el objetivo central de exigir de los alcaldes un plan de metas, como su compromiso al llegar al cargo  de aceptar el monitoreo por la sociedad. También creó numerosos indicadores que permiten a los ciudadanos acompañar la evolución social, económica y ambiental del municipio.
Son instrumentos que ayudan a orientar los electores, a profundizar la democracia y movilizarse por una ciudad más justa y sustentable, sostiene el ISPS.
Ese proceso, que supone audiencias públicas de control social, ofrece ganancias políticas al alcalde, acercándolo a la sociedad, económicas al favorecer una gestión más eficiente, y la búsqueda de nuevos créditos e inversiones, al vincularse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, y mayor visibilidad y reconocimiento social.

“La desigualdad es el reto clave”, porque resulta de “injusticias acumuladas” en distintas dimensiones de la vida, como ingresos, salud, educación, vivienda, expectativa de vida y seguridad, afirmó Abrahão a IPS.
El Mapa de la Desigualdad, en que la Red Nuestra São Paulo compara indicadores de 96 barrios de la ciudad de São Paulo, reveló por ejemplo que los habitantes de un barrio pobre y periférico, Tiradentes, viven 26 años menos que los de una parte rica, destacó.
“El pobre muere más temprano porque tiene peores servicios de salud y educación, sufre más violencia y sus ingresos son bien inferiores”, razonó.
La vivienda está en el origen muchas inequidades o las agrava. Los altos precios de inmuebles en zonas centrales expulsan los pobres para las periferias cada día más alejadas, donde no hay empleos, infraestructura urbana ni escuelas o asistencia médica.
“En Tiradentes solo hay 20 empleos por cada 100 habitantes, mientras en el centro ofrece 780 empleos por cada 100”, señaló Campagnone, quien antes presidió la Empresa Paulista de Planificación Metropolitana (Emplasa), del gobierno del estado de São Paulo.
Ese desequilibrio, que también afecta los servicios públicos, obliga los pobres a prolongados viajes a los barrios centrales, que les cuesta parte importante de los ingresos, además del tiempo. Dormir en las calles se impone muchas veces.
“Llevar empleos a la periferia sería una solución, al reducir los traslados en un sistema viario que, con 17.000 kilómetros de calles, se acerca al límite físico en São Paulo”, observó en su diálogo con IPS el secretario adjunto de Urbanismo.
Otra es ocupar edificios abandonados en la zona central. “Hay cerca de 20.000 unidades habitacionales vacías en el centro expandido”, que comprende los barrios más antiguos de la ciudad, aseguró a IPS la coordinadora del Movimiento Sin Techo por la Reforma Urbana, Antonia Ferreira Nascimento.
Su grupo ocupó en 2010 el Hotel Columbia, cerrado algunos años antes. Allí se instalaron 80 familias que siguen viviendo en el histórico edificio de siete pisos en la céntrica Avenida São João, pese a las amenazas de desalojo judicial.
“Amo el centro de São Paulo”, confesó Cheila Patricia Souza, de 32 años, que ocupa una de las habitaciones con sus cuatro hijos. “Aquí concluí la enseñanza secundaria, pienso estudiar Servicio Social en la universidad, y mis hijos frecuentan buenas escuelas, todo es cercano, con acceso fácil a hospitales y museos, sin tomar el autobús”, celebró.
“Es tan bueno que encaramos la contaminación del aire como un mal menor, aunque afecta mis hijos asmáticos”, realzó. Separada de su marido, destaca que la mayoría en la llamada “Ocupación São João 588” son madres solteras como ella.

Ferreira, de 48 años, inmigrante del Nordeste, la región más pobre de Brasil, es activista hace 23 años del movimiento que defiende la ocupación de inmuebles ociosos para reducir el déficit habitacional que en la ciudad de São Paulo asciende a 227.000 u 314.000 domicilios, según distintas estimaciones.
Pero otros grupos tratan de asentar los sin techo en la periferia, donde encuentran tierras disponibles. En Capão Redondo, un barrio del extremo sur del municipio, 868 familias viven en casuchas provisionales de madera, a la orilla de un riachuelo, a la espera de asentamiento definitivo en un área vecina.
La Ocupación Parque del Ingenio, reanudada en 2013, tras un intento frustrado de 2007 a 2009, la conduce Felicia Mendes Dias, una afrobrasileña de 59 años, “activista hace casi 40 años”, viuda en su tercer matrimonio, con cuatro hijos biológicos y 11 adoptados. “La mayoría de las familias ya vivían cerca, buscando su casa propia”, justificó a IPS.

Ciudad de México repite el fenómeno

Esa expansión urbana horizontal, centrífuga, también afecta a Ciudad de México, ya con nueve millones de habitantes.
“La mayoría de las delegaciones (distritos), sobre todo las más importantes económicamente, son expulsoras de sus habitantes, cada día tienen menos habitantes, mientras las demarcaciones con suelo de conservación crecen diariamente”, señaló a IPS el asesor de la Secretaria capitalina de Ciencia, Tecnología e Innovación, Javier González Garza.
En los últimos años, la fiebre constructora se instaló principalmente en barrios del sur y centro-oeste de la capital y alimentó la especulación del suelo, el encarecimiento de la vivienda y la gentrificación – expulsión por segregación -, cuyas víctimas buscan la periferia o municipios del contiguo estado de México.
“Necesitamos políticas públicas para desarrollar viviendas de interés social cerca de las fuentes de trabajo, incluso para frenar la expulsión de personas del centro de la ciudad por el capital”, planteó González.

Pero la norma sobre vivienda social se suspendió desde 2013, porque hubo constructores que aprovecharon el subsidio del gobierno capitalino para beneficiar familias de capas medias.
De unos 4.500 edificios y 50.000 apartamentos levantados al amparo del programa cancelado, solo 12 por ciento son de interés social, según la organización no gubernamental Suma Urbana.
“El derecho a la vivienda no solo no se cumple, si no que se usa para beneficios particulares. Es un desalojo de poblaciones. No se persiguió ni hay una sola sanción” por mal uso de los subsidios, denunció a IPS la directora general de la organización,  Josefina Mac Gregor.
En São Paulo  la expansión territorial afectó los manantiales y diezmó su cinturón boscoso, lo que agravó la escasez de agua durante la reciente sequía en la región metropolitana.
Para la alcaldía decidió contener el avance en forma simple e imaginativa: fomentar la producción hortícola en lo que queda de zona rural. Con la tierra rindiendo ingresos y con valor en alza, sus dueños son menos propensos a venderla para negocios inmobiliarios, explicó Campagnone.
Con el aporte de Emilio Godoy desde Ciudad de México

Editado por Estrella Gutiérrez

Este artículo forma parte de una serie especial sobre las ciudades de América Latina, realizada por IPS con el respaldo de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

[:]