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Madrid, 25 de julio de 2018 (ANCI).- Barcelona, Lisboa, Montevideo y Ciudad de México son las cuatro urbes de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) que se han adherido a la declaración “Ciudades por la vivienda adecuada”, un texto presentado en el Foro de Autoridades Locales y Regionales celebrado en el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en la sede de la ONU, en Nueva York.
Ámsterdam, Berlín, Londres, Durban, Montreal, París, Seúl y Nueva York son las otras ciudades que se han adherido a la declaración, en la que se reclamas a los representantes de los Estados en las Naciones Unidas que escuchen sus demandas y les apoyen con más herramientas para luchar contra la expulsión de los vecinos y vecinas de los centros urbanos a causa de la gentrificación y la especulación inmobiliaria. En ese sentido, en el documento se plasma la necesidad de ampliar los recursos y competencias de los Gobiernos locales para defender el derecho a la vivienda y a la ciudad.
Garantizar el acceso a un hogar digno es un reto local de impacto global que en condiciones de carencia de financiación y de viviendas asequibles y de desregulación del mercado suponen una carga para los barrios y las ciudades. La rotura de los tejidos vecinales se agudiza con la gentrificación y la proliferación de pisos turísticos, que aumentan las desigualdades a la hora de conseguir y mantener una vivienda.
“Nosotros, los gobiernos locales, somos los servidores públicos más sensibles a las necesidades cotidianas de nuestra ciudadanía. En el mundo contemporáneo, la falta de financiación nacional y estatal, la desregulación del mercado, el poder creciente de las compañías multinacionales, así como la creciente competencia sobre una oferta inmobiliaria escasa, suponen a menudo una pesada carga para nuestros barrios, causando serias distorsiones en su tejido social y poniendo en riesgo el objetivo de lograr unas ciudades igualitarias, inclusivas y justas. Nosotros, los gobiernos locales, creemos firmemente que todas las personas deberían tener un acceso efectivo a una “vivienda adecuada”, entendida por las Naciones Unidas como aquella que cumple correctamente criterios de “asequibilidad”, “seguridad de la tenencia”, “habitabilidad”, “disponibilidad de servicios, materiales, equipamientos e infraestructuras”, “accesibilidad”, “ubicación” y “adecuación cultural”. Sin embargo, la especulación inmobiliaria, la vivienda de alto coste, una regulación inadecuada, la segregación socio-espacial, la inseguridad de la tenencia, la vivienda en condiciones precarias, el sinhogarismo, la dispersión urbana descontrolada o los crecimientos informales sin los equipamientos o las infraestructuras necesarias representan fenómenos al alza que ponen en peligro el carácter equitativo y sostenible de nuestras ciudades. Frente a esta situación, los gobiernos locales no podemos quedarnos al margen, sino que debemos asumir un papel central. Es por todas estas razones, que hacemos un llamamiento a la acción en los siguientes frentes”, señala el documento.
Más control sobre la especulación y el mercado inmobiliario
Para combatir de manera efectiva la especulación y la desregulación del mercado inmobiliario, las ciudades reclaman más competencias jurídicas y fiscales para proteger a los vecinos y las vecinas. La regulación tiene que incluir medidas para garantizar el alquiler asequible y la protección de los inquilinos y las inquilinas frente a las burbujas especulativas. Además, los Gobiernos locales exigen medidas tanto para hacer reservas de vivienda asequible como para movilizar hogares vacíos y en condiciones precarias.
Más vivienda pública y coproducida
Los Gobiernos municipales piden el crecimiento del parque de vivienda pública, que únicamente es posible con la ampliación de los recursos y la inversión de los Estados. La emergencia habitacional requiere soluciones que garanticen la igualdad al acceso y el uso de un hogar adecuado y alternativas innovadoras, más justas, sostenibles, ágiles y económicamente eficientes. Al mismo tiempo, la vivienda pública asequible ha de tener una distribución equilibrada entre todos los barrios para combatir la segregación socio-espacial y aliviar la tensión entre el centro y la periferia.
La promoción de la vivienda asequible también exige impulsar soluciones mixtas, que integren el tejido productivo y social de las ciudades para el desarrollo de proyectos habitacionales de coproducción. Por un lado, las subvenciones y las exenciones fiscales estimulan la construcción de viviendas alternativas y adaptadas a las particularidades de cada ciudad, un modelo de vivienda que busca la cooperación y la creación de operadores público-privados. Por otro lado, se tiene que potenciar la colaboración con organizaciones no gubernamentales y la participación, la autogestión y el empoderamiento de la ciudadanía.
Una ciudad compacta, mixta e inclusiva
El modelo de vivienda adecuada se extiende a la planificación urbanística integral de los barrios con el objetivo de construir ciudades mixtas, compactas y policéntricas que eviten la dependencia del vehículo privado y que prioricen la movilidad de los peatones y el transporte público eficiente.
El objetivo final de la declaración es evidenciar la necesidad de la alianza y la cooperación entre las ciudades y entre los gobiernos municipales y los estados, por un frente común que trascienda los mandatos y los localismos competitivos y que se encamine hacia una estrategia conjunta a largo plazo.
Derecho a la vivienda adecuada
Una vivienda asequible, habitable y accesible tiene que disponer de seguridad jurídica de tenencia, servicios, materiales, equipamientos e infraestructuras y adecuación cultural. El acceso a una vivienda adecuada se recoge como uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, un derecho humano fundamental para todas las personas.
El modelo de vivienda adecuada requiere un cambio de mentalidad, tanto de los estados como de las ciudades que sufren en primera persona la gentrificación y la especulación, un nuevo paradigma impulsado por iniciativas globales por el derecho a la vivienda como The Shift y que parten de los objetivos de la Nueva Agenda Urbana de Habitad III. Ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles son la mejor fórmula para abordar el problema, una visión que comparten la red de ciudades UCGL, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Leilani Farha. ANCI
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