Ciudad de México endurece las penas por feminicidio y otros delitos y aprueba una nueva ley de Seguridad Ciudadana

Madrid, 5 de agosto de 2019 (ANCI).- El pasado 2 de agosto entraron en vigor las modificaciones al Código Penal y a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México (CDMX), aprobadas por el Congreso local en su sesión del 31 de julio y que contemplan penas que van de los 35 a los 70 años de prisión para el delito de feminicidio, “la violación más grave a los derechos humanos de las mujeres y  las niñas”, según la información publicada por el Gobierno de la capital mexicana.
En 2018 se registraron 40 feminicidios en CDMX, tres más que durante el año anterior, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El endurecimiento de las penas se extiende a otros delitos como el robo a celular, cuentahabiente, casa habitación y automóvil, el robo con arma, la extorsión y el despojo. Además, el cambio legal se propone atajar la llamada “puerta giratoria” (reincidencia) mediante la negación de sanciones sustitutivas y beneficios penitenciarios a todos aquellos que repitan conductas delictivas. En el caso de delitos graves, la pena se agravará en dos terceras partes.
Por otra parte, los cambios en la Ley de Cultura Cívica prevén sanciones de entre 20 y 36 horas de trabajo comunitario “a quien veje, intimide, maltrate físicamente o incite a la violencia contra un elemento policial”.
Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana
También el 2 de agosto entró en vigor la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, que sustituye a la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal y que tiene como objetivo “establecer las bases, mecanismos e instrumentos con respecto a los derechos humanos, para garantizar la paz y la seguridad de las personas que habitan y transitan en la capital del país”, según la nota publicada por el Gobierno de CDMX.
La Ley contempla un Consejo de Seguridad Ciudadana “que será la instancia de coordinación y seguimiento del sistema para proponer y contribuir al diseño de políticas públicas y estrategias en la materia”. Asimismo, se contempla la implantación de un Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia en la Ciudad de México y de gabinetes en las demarcaciones territoriales “para favorecer la coordinación entre el Gobierno, las alcaldías y el Gobierno Federal”.
La nueva Ley también prevé una mayor participación por medio de Comités y Comisiones Ciudadanas “para dar seguimiento y análisis en la implementación de las acciones”.
El texto legal establece las obligaciones y derechos de los cuerpos policiales “para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”.
Además, se contempla que el Gobierno capitalino pueda establecer convenios con la Guardia Nacional para que participe con las instituciones de seguridad ciudadana de la capital en operaciones coordinadas, en las que dicho cuerpo deberá informar sobre su actuación “con estricto apego a los derechos humanos, procedimientos, protocolos y uso de la fuerza”.
La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México forma parte de una estrategia basada en cinco ejes: atención a las causas, mayor presencia policial, inteligencia y justicia, coordinación y marco legal.