[:es]Madrid, 16 de octubre de 2017 (ANCI).- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y su director, Abel Barrera, han recibido el Premio Amalia Solórzano de Cárdenas 2017 debido a su intensa lucha para conseguir que se haga justicia en el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos a finales de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, en el suroeste de México.
“Tlachinollan ha sido denunciante y defensor de innumerables casos de violaciones, asesinatos, desapariciones… ninguna institución como esta ha luchado para que se haga justicia y se esclarezca la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, aseguró durante la entrega del galardón el presidente del Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano, Cuauhtémoc Cárdenas, en declaraciones recogidas en la web de la institución homenajeada.
‘‘Ha librado una desigual lucha por la defensa de los derechos de la gente de Guerrero en primer lugar, pero también de los derechos de todos los mexicanos, enarbolando la bandera de la ley con valor, firmeza y dignidad, y enfrentando a autoridades corruptas, insensibles socialmente y al dolor humano, violadoras de la justicia y de los derechos a vivir, a ser y a progresar’’, añadió Cárdenas.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan fue fundado en 1993 con el objetivo de lograr dignidad y justicia para los pueblos na savi, me’phaa, nauas, nn’anncue y mestizos de la región de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero a través de la promoción y la defensa de los derechos humanos y desde la diversidad cultural.
Discurso íntegro de Abel Barrera
A continuación, reproducimos el discurso íntegro de Abel Barrera tras recibir el premio Amalia Solórzano de Cárdenas 2017:
“Agradezco al Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano, así como a su honorable Consejo por este importante reconocimiento. Especialmente agradezco a las mujeres y hombres de la Montaña, a los Pueblos Me’phaa, Na savi, Nauas y Ñomndaá, los de la palabra sabia, la que nace del manantial de la comunitariedad. Una región que el presidente Lázaro Cárdenas y doña Amalia Solórzano recorrieron en varias ocasiones y constataron las condiciones deplorables de las mujeres y hombres de la lluvia.
En este día de la resistencia y la combatividad de los pueblos de América, es muy significativo recibir este reconocimiento que llega en un momento sumamente crítico, devastador, por la violencia que nos avasalla y la impunidad que atrofia nuestro sistema político. Es significativo por lo que ha representado para nuestro país el añorado presidente Lázaro Cárdenas y nuestra admirable Amalia Solórzano porque entregaron su vida en la defensa de nuestra soberanía nacional.
En contextos tan cruentos como el que vive Guerrero, invocar los derechos humanos suele ser una voz pérdida en la Montaña. Es picar piedra que muchas veces parece ser un esfuerzo ingenuo o inútil. Ante tanta impunidad y violencia, no en pocas ocasiones la desesperanza nos lleva incluso a cuestionarnos sobre la relevancia de fincar nuestras acciones desde este paradigma.
Los pueblos Indios de la Montaña, nos han enseñado que la gesta por los derechos humanos no es en vano, más bien implica reciedumbre, sacrificio y mucho valor. Sin evocar este término han dado lecciones al país de lo que representa defender la vida y el territorio con la propia vida. Sin aspavientos avanzan sin retroceder, desde los caminos agrestes y desde la penumbra del olvido. No se arredran, a pesar de los 525 años de coloniaje, y de una normatividad que los sojuzga y discrimina, que despoja y destruye su vida comunitaria.
Los pueblos subsisten en una región donde la institucionalidad estatal es evanescente, que está más bien ausente, y donde los derechos legalmente reconocidos, no existen más allá de la norma escrita. En la Montaña no es posible hablar de la erosión del estado, sino de una ausencia secular de las instituciones estatales, donde Impera la ley del fúsil, del uso de la fuerza letal y un escenario de graves violaciones de derechos humanos. El atraco desde la colonia, es el despojo del nuevo coloniaje neoliberal. La violencia con que se imponen las autoridades estatales, cómplices de los grupos criminales que se erigen como dueños de las plazas, no difiere de la violencia caciquil que nos ha sumido en el atraso.
Como defensoras y defensores no podemos ignorar que los derechos humanos llegaron tarde a la agenda progresista de México, y fueron incorporados en la gramática de las luchas sociales con desconfianza. Los movimientos sociales poco aludían estos derechos. La emergente normatividad internacional se concebía como una realidad inherente a la construcción de una democracia liberal y elitista, donde las demandas de las mayorías seguirían siendo desechadas.
La transición política que vivimos en México con la alternancia en el ejecutivo refrendó esta desconfianza. Los magros avances alcanzados con la adopción de reformas legales pensadas en clave de derechos humanos y la adhesión a múltiples tratados internacionales, no repercutieron en una mejor garantía de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales de las mayorías excluidas. Por el contrario, la última década de violencia y el regreso de un partido hegemónico al gobierno federal ha ejemplificado estas contradicciones que nos ha causado graves agravios, por el alarmante número de asesinatos y el incremento de la cifra de personas desaparecidas
En este escenario marcado por la polarización social y la cerrazón política, insistir en que la lucha por los derechos humanos puede transformar al país en un sentido favorable a los más excluidos, parece hoy una quimera abanderada por pocos. Sin embargo, desde Tlachinollan, la manera en que las propias víctimas individuales y colectivas que acompañamos se apropian de los derechos y los resignifican, nos confirma que esta manera de hacerse cargo de la realidad no ha perdido pertinencia, por el contrario, representan un gran potencial para romper el muro de la impunidad. Sus luchas nos han demostrado que son una fuerza que puede transformar el andamiaje institucional anquilosado en la corrupción y desmontar la estructura delincuencial encaramada en el poder.
En la Montaña, ante las amenazas de las empresas extractivas, se erige la férrea defensa comunitaria del derecho al territorio como base material de la reproducción de las culturas originarias. Un ejemplo señero es el que hoy encabeza la comunidad Me phaá de san Miguel del Progreso Júba Wajíin, que ha logrado la cancelación de concesiones mineras que afectaban su territorio y que por la vía del amparo ha logrado el reconocimiento de sus derechos colectivos. Es un triunfo inobjetable de los pueblos de la Montaña que han cerrado filas y han conformado el consejo de autoridades agrarias en defensa del territorio, contra las empresas depredadoras.
Frente a la inefectividad de los sistemas de procuración de justicia y seguridad en la región y su colusión con el crimen organizado, y ante los estragos de la militarización que arrastra un caudal de crímenes desde la guerra sucia, surge en lo más recóndito de la Montaña, la policía comunitaria, como una expresión del ejercicio autonómico de los pueblos originarios para contener la avalancha delincuencial.
Ante la vulneración sistemática de los derechos de las mujeres, sobresalen las historias profundas de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, indígenas Me phaá que se han transformado en defensoras ejemplares, que han desafiado al poder militar, para denunciar la violencia institucional castrense.
Y frente a la negación de los derechos sociales, florecen las luchas en las hondonadas del olvido, como lo ha hecho la comunidad Na savi del Coyul, de Cochoapa el Grande, donde los niñas y niños siguen esperando maestras y maestros en medio de las enramadas habilitadas como salones de clases. Sin saber escribir en el pizarrón justicia, las madres y padres la han escrito luchando en los tribunales y las calles.
En contextos de alta marginalidad social como la Montaña, los derechos humanos se hacen presentes en las luchas de quienes recurren a cualquiera de las herramientas disponibles para responder agravios proferidos desde el poder. Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos han irrumpido en la escena nacional para desenmascarar el pacto de impunidad que coexiste entre las altas esferas del poder y las organizaciones criminales. Las madres y padres a más de tres años son el reservorio moral de un país de muertos y desaparecidos. Un país que nos duele donde los rostros de los 43 se han transformado en los emblemas de nuestra esperanza. Los papás y mamás son una luz en esta noche turbulenta marcada por la catástrofe y la devastación política. Su inquebrantable búsqueda por la verdad ha desbaratado la verdad histórica y ha hecho un socavón a su felonía.
A lo largo de 23 años, han sido los sabios y las sabias de los pueblos quienes nos han ayudado a entender el significado profundo de los derechos humanos. Ha sido en las asambleas comunitarias donde hemos entendido lo que en realidad significa la democracia. Viene a nuestra memoria la lúcida reflexión del presidente Lázaro Cárdenas:
“El gobernante que pretende encauzar a su país hacia la democracia tiene que empezar por ser un verdadero demócrata, y demostrarlo tolerando la oposición, por más cruda que se ejerza en el mitin, en la prensa, en la diatriba personal.”
Han sido largos los trechos como el de los últimos tres años con las familias de Ayotzinapa, donde hemos aprendido lo que significa dignidad. Han sido estas familias quienes nos han enseñado al país cómo los derechos humanos no pueden estar alejados de la solidaridad nacional ni de las luchas sociales que nos interpelan a todos debido a su intrínseca relación. Doña Amalia fue un ejemplo vivo de esta solidaridad latinoamericana que estuvo siempre en el corazón de las mujeres y hombres que lucharon en su país para acabar con gobiernos dictatoriales. No podemos olvidar que fue una entusiasta promotora del movimiento de liberación nacional. Su corazón grande la llevó a brindar apoyo al exilio chileno y a establecer lazos con organizaciones solidarias del pueblo de Vietnam.
Sin duda son tiempos adversos para reivindicar nuestra vocación como defensoras y defensores de derechos humanos en México y por ello nuestro agradecimiento más profundo al Centro. Los saldos de la crisis de violencia que vivimos no permiten ningún tipo de optimismo en un país que se ha poblado de víctimas, donde la sociedad se debate en medio del fuego cruzado de la violencia estatal y de la violencia no estatal.
Sin embargo, para Tlachinollan en este contexto adverso, a más de dos décadas de nuestra fundación, los derechos humanos concebidos del lado de las víctimas, siguen erigiéndose como un bastión de resistencia frente a los poderes que amenazan la vida digna, de ninguna otra forma podríamos seguir el paso a las familias de Ayotzinapa.
Agradezco nuevamente al Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano y al Consejo por este premio. Lo dedico a las madres y padres de Ayotzinapa, quienes luchan porque veamos un México donde la verdad impere y donde los desaparecidos sean recordados en todo momento como lo dijo Eduardo Galeano:
“Desaparecidos: los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre.
Y también:
los bosques nativos,
las estrellas en la noche de las ciudades,
el aroma de las flores,
el sabor de las frutas,
las cartas escritas a mano,
los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo,
el fútbol de la calle,
el derecho a caminar,
el derecho a respirar,
los empleos seguros,
las jubilaciones seguras,
las casas sin rejas,
las puertas sin cerradura,
el sentido comunitario
y el sentido común.”
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”
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