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La Paz, 29 de mayo de 2018 (AMN).- El sentimiento de desprotección que generan instituciones públicas como la Policía, el Ministerio Público y la justicia del país hacia las mujeres, derivó en la manifestación de centenares de funcionarias municipales. Ellas pidieron a gritos en puertas de la Fiscalía el respeto a la Ley 348 que busca garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Mientras las funcionarias protestaban, una comisión formada por las concejalas de Soberanía y Libertad (Sol.bo) además del director de Procesos Jurisdiccionales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), Fernando Bascopé, se reunió con el nuevo fiscal designado para la reapertura del caso.
“Hoy se presentarán las declaraciones nuevamente en los casos que fueron aperturados, para que se recupere algo de credibilidad de la Policía y su trabajo que hoy la tiene pérdida. (Las mujeres) nos sentimos desprotegidas por las instituciones llamadas a resguardar nuestra seguridad, en este caso la Fiscalía y los juzgados que han permitido que quede en impunidad este señor (el oficial Bleisner Freddy Santander Amos), además de asumir medidas de amedrentamiento hacia la víctima”, puntualizó Chacón.
Por su parte, la concejala Andrea Cornejo (Sol.bo) señaló que todas las funcionarias municipales piden justicia para su compañera y que se dé cumplimiento a la ley 348. “Se está reclamando con todas las funcionarias municipales que se respete nuestra labor. El veredicto fue totalmente injusto, la víctima fue nuestra Yamile, (…) no debe importar el grado del agresor, no se puede dejar pasar este hecho de violencia”, agregó la autoridad.
En ese sentido, Bascopé, sostuvo que la resolución del juez Zeballos no se ajusta a la realidad, porque este hecho se realizó en el cumplimiento de funciones de la víctima.
“Esto es un extremo, los riesgos procesales (datos de trabajo, domicilio y familia), pese a la declaración de la involucrada, fueron relativizados por el fiscal. Esperábamos una libertad pura y simple, nosotros apelaremos esta decisión para que esto sea revertido”, indicó Bascopé.
“Estamos impulsando el caso contra el oficial agresor de la funcionaria en dos tipologías: violencia contra la mujer e impedimento del ejercicio de funciones. Desmentimos el hecho de que se les estaba cobrando un monto por el estacionamiento, los videos son claros, sólo se pedía ocupar un espacio en el estacionamiento. Remitiremos también una denuncia disciplinaria contra el oficial ante el Comando Departamental de la Policía”, acotó el jurista edil.
El pasado viernes, a las 15.30, en el Juzgado Séptimo de Instrucción Cautelar se conoció el veredicto en contra de la trabajadora edil de estacionamiento tarifado Yamile Cáceres, de parte del juez Armando Zeballos Guarachi, que dispuso arraigo y presentación de la funcionaria en el Ministerio Público cada 15 días.
En la movilización se lamentó el uso de gases lacrimógenos en la Fiscalía, hecho que repudió aún más el actuar de la Policía ante las funcionarias. “De manera autoritaria gasificaron a las compañeras en esta protesta pacífica; sabemos que protestar es un derecho y deploramos la actitud de la Policía, no confiamos en esta institución”, declaró la concejala Beatriz Álvarez. AMN
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