- Entrevista a Adriana Arboleda – Abogada y defensora de Derechos Humanos
- Este reportaje ha sido realizado con la colaboración de la UCCI
Autor: José Luis Marín, periodista de CTXT | Fotografías de Óscar Calmaestra.
“Es la lógica del miedo”. Adriana Arboleda (1966, Medellín), no tiene dudas a la hora de definir la principal estrategia de gobierno y ejercicio del poder en Colombia. El país, sometido al drama de un conflicto armado que se ha extendido durante cerca de seis décadas, inició en 2012 un proceso de paz para intentar curar parte de estas terribles heridas. Arboleda es abogada, defensora de derechos humanos y directora de la Corporación Jurídica Libertad. Se muestra reticente ante las expectativas de reparación: la impunidad y los déficit democráticos siguen dominando muchas esferas de la sociedad.
La ONG de la que forma parte lleva 25 años –dieciocho con ella– defendiendo a personas y comunidades y pueblos que sufren vulneración de derechos; tanto sociales y políticos como derechos sobre el territorio, la cultura o el medioambiente. Trabajan fundamentalmente en el departamento Antioquia –al que pertenece la ciudad de Medellín–, y también cuentan con presencia en Chocó.
La abogada, que también es vocera en el Movimiento nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, responde a esta entrevista en el centro social La Morada de Madrid. De expresión tranquila y discreta, y ataviada con una sudadera con el logotipo del St. Pauli –un reivindicativo y famoso equipo de fútbol de la zona obrera de Hamburgo–, Arboleda explica, con profundo conocimiento, cómo ha funcionado la violencia en el país sudamericano y cómo esta ha atravesado y empapado todos los estratos del país. Desde la represión y persecución de defensores de Derechos Humanos y ambientalistas hasta crímenes perpetrados por el Estado. Esta visión sistémica, que defendió en las negociaciones de La Habana en representación de las organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada, le lleva a hablar “más que de víctimas del conflicto armado, de víctimas de la violencia socio-política”.
¿Cuál es la situación actual de la protesta social y la defensa de los Derechos Humanos en Colombia?
Es una situación difícil y compleja. Colombia sigue siendo un país donde se cometen graves violaciones a los Derechos Humanos. Y es una situación que lamentablemente no se ha terminado pese a la implementación del proceso de paz, ya que sigue existiendo una restricción grande en las garantías democráticas para la movilización y la protesta social. En los últimos años, más de 500 personas defensoras de DD.HH han sido asesinadas, y hay más de 2.000 casos de amenazas directas. Durante el último Gobierno hemos tenido 305 atentados directos contra líderes sociales. También tenemos un escuadrón móvil antidisturbios que ataca y reprime la protesta y que no brinda garantías para la movilización de las comunidades que luchan por la defensa del territorio y en contra de las políticas extractivitas que generan empresas multinacionales.
Estas comunidades, ¿se ha conseguido avanzar en su integración, empoderamiento y protección?
Tenemos reconocidos alrededor de 108 pueblos indígenas, de los cuales 35 están ya en vía de extinción. Esto ocurre, precisamente, por las políticas extractivistas, por la violación sistemática de sus derechos… En general, las comunidades indígenas viven en extrema pobreza y hay ataques continuados contra sus derechos étnicos y territoriales. Estos pueblos tienen la desventura de habitar los territorios con más riqueza de recursos naturales, por lo que la represión paramilitar y también de las empresas se concentra allá, donde, además, se ha desarrollado el conflicto armado. Todo eso limita su autogobierno, su autonomía, y genera graves violaciones de derechos y agudización de los índices de pobreza y de exclusión que viven.
Desde la Corporación Jurídica Libertad hacéis denuncia constante de la persecución de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. ¿Ha habido algún cambio sustancial desde las negociaciones y los acuerdos de paz?
Desafortunadamente, no. Al inicio de las negociaciones de paz, en torno al año 2012, los ataques y la represión sí que se redujeron. A partir de 2015 ese índice cambió nuevamente y estamos ante una nueva escalada de ataques sistemáticos. El año pasado tuvimos 186 asesinatos en todo el país. Este año ya van 26. Es paradójico, porque en la medida en que el proceso de paz brindó oportunidades para que se fortalecieran de nuevo los procesos sociales, eso ha ido acompañado de altos niveles de represión en contra de las organizaciones, principalmente las reclamantes de tierra y ambientalistas.
El perfil de los represores, su forma de actuar, sus motivaciones… ¿Han cambiado en los últimos años?
Ha habido variables en los patrones de criminalidad y represión. Hace unos años las acciones eran cometidas directamente por agentes estatales o de la guerrilla. Hoy es difícil encontrar acciones directas de este tipo. Lo que más hay son acciones de particulares paramilitares que están muy articulados con grupos del narcotráfico o incluso empresas. Son, en muchas ocasiones, grupos de seguridad privada que actúan unas veces como empresas legalmente constituidas, otras como entes ilegales. Otro cambio en estos años es que ya nos son grandes ejércitos –uniformados, con armas largas– los que se movilizan por el territorio, como ocurría hace 10 años. Hoy se camuflan más entre la población, tienen más control y más presencia en las zonas urbanas. Esto hace que sea más difícil identificarlos.
En términos de represión y persecución, ¿la población de a pie –y no solo los defensores de DD.HH y activistas– ha notado una mejora en su bienestar tras los acuerdos?
El conflicto armado afectó principalmente a las poblaciones rurales, y el hecho de que hoy ya no haya una guerrilla y que cerca de 10.000 hombres se hayan desmovilizado sí que ha significado alivios humanitarios en ciertas zonas. Las comunidades los perciben, y son conscientes de que la presencia de un actor menos ejerciendo control en los territorios es favorable. Sin embargo, como comentaba, se ha incrementado la presencia paramilitar. Mientras una guerrilla ha salido de los territorios, grupos de narcos y paramilitares están llegando a estas zonas. Los alivios conviven con el incremento de amenazas y el accionar represivo, especialmente en zonas cocaleras y de explotación minero-energéticas…
Y, en términos de justicia, ¿hay alguna dinámica o tendencia que lleve a pensar en una mayor transparencia en esclarecimiento de los crímenes y en la rendición de cuentas?
Todo lo contrario. En Colombia, las grandes violaciones de derechos humanos, los crímenes de guerra y de lesa humanidad están en total impunidad. Tenemos dos problemas importantes: el acuerdo de paz que se firmó en noviembre de 2016 creó una jurisdicción especial para la paz fundamentada en la idea de la justicia transicional. ¿Cuál es el problema? Está jurisdicción tenía que pasar por el Congreso para convertirse en ley pero se cambió tras una renegociación –sin la participación de la guerrilla [FARC] – con la idea de proteger la impunidad de lo que nosotros llamamos los ‘terceros’: empresarios, ganaderos o políticos que están vinculados a la estrategia paramilitar y de represión contra los defensores de Derechos Humanos. Es una jurisdicción que se va aplicar, casi exclusivamente, a la guerrilla. Por ese lado puede haber un poco de justicia, pero frente a los crímenes estatales y de las empresas no vamos a lograr nada.
Tampoco ayuda que tengamos una justicia tremendamente corrupta. Acabamos de salir de unos escándalos en las Altas Cortes –Corte Constitucional, Corte Suprema– que involucran a lo que allá llamamos carteles de la corrupción. Eso ha generado en la sociedad civil un descrédito muy fuerte y una desconfianza plena ante la justicia.
Las víctimas y comunidades que han sufrido persecución estatal, ¿Cómo está siendo su proceso de reconocimiento tras los acuerdos?
Desde el Movimiento Nacional de Víctimas de crímenes de Estado, del que formo parte, hemos intentando que se garantice el reconocimiento y la asunción de que hay víctimas de crímenes de Estado, y no solo de la guerrilla. Hemos participado activamente en movilizaciones y en propuestas de ley para que se garantice el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. En los últimos tiempos también hemos participando en los mecanismos que el Acuerdo de Paz previó, como una Comisión de la Verdad en la que nos comprometimos a que se documentaran y esclarecieran los crímenes de Estado. El acuerdo también preveía que unos de los principios de su implementación fuera la participación, pero en Colombia hay un déficit de democracia muy fuerte, y esto no siempre se logra. Al menos hemos garantizado una escucha y que el Gobierno colombiano empiece a aceptar que hay crímenes de Estado, que hay agentes estatales vinculados con graves violaciones a los DD.HH y que tenemos derecho a ser reconocidos en los mecanismos que se han creado.
Para ello, hace tiempo que creasteis un banco de datos para la visibilización de las víctimas.
Hemos venido documentando toda esa información desde los años 90. No ha sido fácil, ya que estamos en la mira de los agentes estatales o de los grupos paramilitares. Tampoco es fácil porque las víctimas sienten que no hay condiciones de seguridad para entregar sus testimonios. Hemos conseguido avanzar con medidas de autoprotección, con mecanismo de control interno que nos permiten cuidar de esa información. A nosotros nos interesa que la Comisión de la Verdad no sea un mero informe que cuente víctimas y que se conviertan solo en datos estadísticos. Queremos que se reconozca, por ejemplo, que la represión tuvo unas causas ligadas por ejemplo al despojo de territorios o a la explotación de recursos naturales.
¿Y cuál ha sido la actitud del Estado y de las instituciones para con esta base de datos? ¿Han puesto barreras en su elaboración, ha facilitado información..?
La institucionalidad tiene sus propias bases de datos, que han construido a través de la fiscalidad de la nación, la procuraduría… El Gobierno, en general, ha centrado su estrategia de documentación en organizar los casos que comprometen a la guerrilla. A ellos, obviamentente, no les interesa documentar sus propios casos. Nosotros no contamos con recursos públicos, y nuestras bases de datos no están articuladas bajo ninguna institucionalidad. Que tengamos esa independencia nos permite tener un nivel de interlocución y un nivel de incidencia mayor en la discusión de la política pública. Ahora, al Gobierno le interesa negociar con nosotros y que entreguemos esa información, y nosotros estamos por entregarla a la Comisión de la Verdad. Pero no queremos quedarnos sin ella sin que políticamente se muestre quiénes han sido los distintos actores, los patrones de criminalidad… No nos interesa entregar pasivamente la información.
Es decir, pedís garantías para vuestro trabajo.
Y sobre todo que se proteja a las personas que han entregado esa información. No podemos ser irresponsables con eso. Si entregamos sin ningún criterio la información podemos poner en riesgo a personas o comunidades que nos la dieron.
Desde la perspectiva del activismo, ¿hasta qué punto os han dado margen en los Acuerdos de Paz para presentar vuestra agenda?
Eso habría que diferenciarlo. En la mesa de negociación con las FARC en La Habana hubo un modelo de participación muy restrictivo. No se permitió desde el inicio que fuéramos parte esencial de las discusiones que se trataron en la mesa. Finalmente, por presión de las organizaciones sociales, eso se abrió un poco más: hubo por ejemplo una mesa interétnica, una subcomisión de género donde pudo participar el movimiento social de mujeres y población LGTBI y participación de las víctimas de crímenes de Estado…
Ese modelo ha cambiado ahora en la agenda que se tiene con la guerrilla del ELN en Quito. Esta guerrilla ha planteado un modelo distinto, pidiendo que la participación de la sociedad ha de ser vinculante, efectiva, directa y autónoma. Ellos plantean que en la mesa se discuta a partir de las agendas que ya tiene la sociedad civil organizada en distintos procesos. Esto, hasta ahora, el Gobierno no lo ha aceptado, e insiste en que debe escucharse a las organizaciones pero que no pueden tomar partido en las decisiones.
¿Qué hay de los derechos de las mujeres y de la agenda de género?
Si bien en Colombia se han reconocido, a través de la Constitución y de distintas leyes, derechos para las mujeres y la población LGTBI –al matrimonio, a la adopción–, la realidad es que sigue existiendo una situación de agresión generalizada, agravada en el caso de las mujeres indígenas, las mujeres negras o las mujeres pobres… La tasa de violencia sexual es altísima, y el aborto, a pesar de que la constitución reconoce que se puede dar en tres casos –violación, malformación o peligro para la madre–, está criminalizado incluso en el aparato de salud, que sigue denegando en muchos casos el reconocimiento de ese derecho.
Los derechos de las mujeres y la cuestión de género también se trataron en las negociaciones de La Habana…
Las negociaciones estuvieron atravesadas por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de la población LGTBI. Sin embargo, en el plebiscito para refrendar los acuerdos el 2 de octubre de 2016, que se perdió, la derecha y la extrema derecha del país hizo una campaña de miedo alrededor de este tema, y se inventaron que el acuerdo promovía la ideología de género. Básicamente, lo que decían era que el acuerdo pretendía que todo el mundo se “volviera” homosexual, que se iba a atentar contra los derechos de la familia, que se iban a perder los valores que tradicionalmente se han inculcado en la sociedad… Fue una campaña terrible que afectó a los derechos de las distintas comunidades. Pese a todo, el Acuerdo siguió teniendo un componente de género fuerte. Una de las cosas que prevé es que haya un grupo de siete mujeres y un miembro de la comunidad LGTBI que haga seguimiento para que se cumpla lo acordado.
Respecto al reconocimiento de víctimas, se creó un mecanismo, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que se aprobó por decreto hace poco…
Fue una de las propuestas que llevamos a La Habana. En Colombia existían ya normas que prohíben la desaparición forzada y estamos adheridos a los mecanismos de Naciones Unidas sobre desaparición. Sin embargo, en la práctica casi todos los días sigue habiendo desapariciones, y tenemos más de 80.000 casos pendientes. Propusimos que se creara un mecanismo específico para la prevención, la búsqueda, la exhumación y la identificación que quedó aprobado en el Acuerdo de Paz bajo la fórmula de la Unidad. También quedó acordado que se iba a elegir a una persona que dirigiese este mecanismo. Nosotros postulamos a Luz Marina Monzón, una defensora de DD.HH, que finalmente fue elegida. Pero pese a que el año pasado hubo ese decreto que creo la Unidad, solo se constituyó legalmente hace 15 días. Todavía falta un proyecto de ley que cree la institucionalidad y que brinde recursos a la misma. Siendo realistas, probablemente empezará a funcionar en forma a finales de este año.
Pero este mecanismo, la Unidad de Búsqueda, no es vinculante, es extrajudicial…
Sí. Es un mecanismo que se podría decir que está más en la lógica humanitaria y no va a tener la posibilidad de investigar a los victimarios ni de sancionarlos. Lo que puede hacer es compartir cierta información con la Jurisdicción Especial para la Paz o con otros organismos de justicia. Pero no está en la lógica de lograr esclarecer los hechos relativos a los crímenes, solo en la de buscar a los desaparecidos, de exhumarlos, de identificarlos.
En España tenemos muchos problemas para alcanzar una reparación plena para las víctimas del franquismo… Has dicho que en Colombia existe una dinámica de diferenciación de víctimas
Es una lógica de los Estados. Ellos quieren aparecer como víctimas pero nunca reconocerse como victimarios o agresores. Los estados no han sido víctimas ni agentes pasivos, sino actores de crímenes. El Estado colombiano es un actor violento en el marco de la guerra.
El espectro de la violencia es tan amplio que sin un marco muy definido sobre las víctimas es casi imposible alcanzar la reparación. También hay víctimas de reclutamiento, de secuestros…
Por eso nosotros hablamos, más que de víctimas del conflicto armado, de víctimas de la violencia socio-política. Ese es el marco en el que nos movemos para poder ver todas las formas de agresión. Una de ellas, la más visible, son los asesinatos selectivos, las ejecuciones extrajudiciales. Pero hay otras: la violencia sexual, el reclutamiento forzado… o incluso el reclutamiento por seducción. Si no existen garantías económicas, la gente termina yendo a los ejércitos como forma de supervivencia. También está el tema de la coca. Nosotros pensamos que los campesinos sembradores de coca son víctimas, porque son el escalafón más bajo, y frente a ellos se ha desarrollado una estrategia de represión, de despojo de tierras, de estigmatización… No tienen otra forma de subsistir, han sido despojados de sus tierras y son lo que llamamos víctimas del desarrollo.
¿Qué hay de la actividad política de los grupos activistas, de las organizaciones de víctimas? ¿Existe algún movimiento para que se institucionalicen en forma de partido?
Los movimientos de víctimas se han venido fortaleciendo desde los años ochenta, sobre todo el de víctimas de crímenes de Estado. A partir de mediados de los años noventa, el Estado empieza a dar forma a una serie de políticas públicas para atender los derechos de las víctimas, algo positivo en principio. El problema fue que, a medida que creas esos programas, también se coartaba la agenda de los movimientos. Sobre todo a partir de 2011, con la creación de una ley de víctimas que estaba centrada en las indemnizaciones. Creo que, en muchas ocasiones, medidas de este estilo intentan despolitizar y desarticular a las víctimas, que ya no son tratadas como movimientos, sino de forma individual. Los movimientos, por lo tanto, dejan de obedecer a una agenda propia y se adhieren a una agenda institucional que está determinada por una política pública que desactiva los movimientos opositores.
¿Sigue existiendo en el imaginario del país una polarización muy fuerte, que obliga a participar sí o sí de uno de los dos bandos sin posibilidad de una tercera vía?
La guerra principal que perdimos en Colombia fue la guerra ideológica. Hoy los medios, los partidos… han polarizado tanto la sociedad que han generado un odio irracional hacia cualquier cosa que sea diferente en términos políticos, sociales, sexuales… Es una sociedad que ve el terror en cualquier cosa que sea diversa. Es la lógica del miedo. Hoy en Colombia, como en el resto del mundo, se gobierna con el miedo.
José Luis Marín, periodista en CTXT y máster en Relaciones Internacionales.
[:]