Los Gobiernos locales deben favorecer el desarrollo de políticas, programas y acciones para eliminar todas las formas de discriminación que se den en nuestras ciudades por razón de raza, sexo, religión, etnia, opinión, edad, opción sexual, nacionalidad o cualquier otra circunstancia personal o social.

Hoy en día las mujeres conforman el colectivo discriminado de mayor relevancia: en primer lugar, porque suponen el mayor porcentaje de población, pero además porque representan también un amplio porcentaje de la población de los colectivos afectados (por alguna de las causas citadas) y son quienes en mayor medida padecen exclusión social y económica en la sociedad.

La Igualdad debe constituir un objetivo transversal de todas las políticas y acciones que se emprendan desde los Gobiernos locales. El éxito de un Plan de Igualdad de Oportunidades estará garantizado exclusivamente si en su concepción y ejecución se implican todas las áreas municipales. Asimismo, es fundamental la colaboración y participación del resto de las Administraciones Públicas, de las asociaciones de mujeres, el sector académico, las organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre la materia, las instituciones privadas, los consejos vecinales y la ciudadanía en su conjunto.

La desigualdad en las ciudades es estructural, multidimensional y compleja, por lo que se requiere el diseño y puesta en marcha de políticas integrales, con enfoque de derechos, perspectiva de género y participación ciudadana.