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Madrid, 10 de julio de 2018 (ANCI/Alcaldía de Bogotá).- Ante el debate que ocupa la atención colombiana sobre el asesinato de defensores de Derechos Humanos, la alcaldía de Bogotá ha informado de que a través de la Ruta Distrital de Atención y Protección de la Secretaría de Gobierno se ha brindado protección a defensoras y defensores de los mismos que así lo han solicitado por estar en riesgo.
Desde 2016, “el Distrito ha brindado protección a 330 personas de las 20 localidades de Bogotá” a través de esta Ruta, destaca el comunicado, en el que se añade que se brindan medidas transitorias a promotores que se encuentran amenazados y también para quienes denuncian la vulneración de sus derechos a la vida, la libertad, seguridad e integridad personal.
De quienes han hecho parte de la Ruta, 187 son mujeres y 139 hombres. En su mayoría personas entre los 28 y 59 años.
El secretario de Gobierno, Miguel Uribe, afirmó que mientras en el país vienen en aumento las agresiones y homicidios contra líderes y defensores, en Bogotá no se ha reportado vulneración a los derechos de las personas que hacen parte de la Ruta Distrital. “Por el contrario, se ha otorgado orientación psicojurídica, acompañamiento psicosocial y orientación en autoprotección”, aseveró.
La Ruta ha atendido de manera prioritaria a personas víctimas del conflicto y a lideresas y líderes de las mesas de víctimas.
Rechazo las amenazas, agresiones y asesinatos a líderes sociales.
Seguiremos haciendo todos los esfuerzos para protegerlos.
Nuestra ruta de atención es la más efectiva del país. Hemos atendido 330 líderes desde el 2016. Todos ellos están protegidos.
— Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) 6 de julio de 2018
Asimismo, “la Alcaldía se articula con entidades como la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía General de la Nación para investigar de manera efectiva los hechos victimizantes”, indica el texto del consistorio. Además, desde la Dirección de Derechos Humanos se adelanta seguimiento a los casos con profesionales de diferentes áreas.
En los últimos días ha habido una fuerte contestación ciudadana, canalizada a través de grandes manifestaciones en diversos puntos del país, debido a los asesinatos en Colombia de seis activistas de los derechos humanos en un periodo de cuatro días. La Defensoría del Pueblo afirma que entre el 1 de enero de 2016 y el pasado 30 de junio han sido asesinados “311 ciudadanos colombianos que se dedicaban a ser líderes sociales y defensores de derechos humanos”.
Los ataques son “un síntoma grave del estado de cosas en Colombia” que “demuestra intolerancia, provoca miedo, limita o anula las libertades de pensamiento y de expresión, y, lo que es peor, exhibe cómo la violencia se impone, en muchos lugares, como un medio de control social”, escribió Alberto Brunori, representante de ONU Derechos Humanos en Colombia en declaraciones recogidas en un artículo publicado por El País (España).
Colombia mejorará la efectividad de la gestión institucional de la Defensoría del Pueblo con apoyo del BID
Colombia fortalecerá la capacidad institucional de la Defensoría del Pueblo (DPC) a través de un préstamo de 18 millones de dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo es mejorar la efectividad de la gestión institucional de la DPC. Esto comprende incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión institucional; mejorar la calidad y eficiencia en los servicios que presta la DPC y fortalecer la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
En este programa se implementarán nuevos modelos y herramientas de gestión, incluyendo innovaciones tecnológicas para impulsar mejoras en los servicios y la atención a los ciudadanos. Entre otras actividades, se desarrollará una plataforma de visualización y georreferenciación de la gestión de la DPC.
“Los principales beneficiarios del programa serán los ciudadanos, a través de una mejor respuesta de los prestadores de servicios públicos y privados. De igual forma, las poblaciones vulnerables se beneficiarán al recibir una oferta ampliada, mejores servicios y atención especializada por parte de la DPC”, indica el BID en un comunicado.
Por otro lado, los agentes públicos y privados prestadores de servicios también se beneficiarán al recibir recomendaciones y observaciones útiles y oportunas por parte de la DPC, producto de un mejor procesamiento y análisis de las demandas ciudadanas recibidas. Las buenas prácticas internacionales sobre defensorías del pueblo indican que las recomendaciones y las alertas tempranas son las herramientas de mayor impacto de estas entidades.
Este crédito del BID de US$18 millones tiene un plazo de amortización de 25 años con un período de gracia de 5,5 años y una tasa de interés basada en LIBOR. ANCI
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